Nosotros, estudiantes de universidades privadas organizados en distintos escenarios de articulación y construcción de propuestas, no somos ajenos a las diferentes iniciativas que, desde el Estado, pretenden, por intermedio de la reforma a la Ley 30 (Ley general de educación superior) vulnerar y lacerar los derechos de las y los estudiantes del país. Tenemos claro que ésta no es una simple reforma, sino una nueva Ley que profundiza un modelo que no resuelve las necesidades de la comunidad universitaria y que por el contrario atenta contra la autonomía, no concibe la educación al servicio de la sociedad sino del gran capital nacional y transnacional, y ante todo, cierra cada vez más las posibilidades a las y los estudiantes de construir aquel mundo soñado, garante de la dignidad y el desarrollo integral.
Nuestro rechazo a la política del Gobierno Nacional en materia educativa es absoluto y adquiere profundidad y radicalidad mientras más entendemos el trasfondo de su iniciativa. Por tal razón, nuestras acciones no son simplemente contestatarias: trascienden al ámbito propositivo, indispuestos nosotros a negociar lo que consideramos como imprescindible e inalienable, por lo cual estamos pensando una nueva Ley de educación superior -producto de discusiones surtidas entre la comunidad universitaria, que dan como resultado un programa mínimo de los estudiantes (ratificado un día antes de que Juan Manuel Santos anunciara el retiro de lo que resultan ser minucias del articulado de su Ley de educación), en donde nos recogemos y esperamos reúna la totalidad del grito de las mentes jóvenes que necesita la Patria-.
El Gobierno anunció retirar del articulado la eminente existencia de Universidades con ánimo de lucro, debido a “falta de consenso en la mesa de Unidad Nacional”, no obstante lo controversial de la propuesta -hecho manifiesto en las masivas movilizaciones y reuniones del sector estudiantil que logran desestabilizar las pretensiones del Régimen-. Aunque se retire lo que en el papel resultan palabras, en la práctica se evidencia la influencia de la ley sobre instituciones que, fuera del contexto de la reforma, ya funcionan bajo los planteamientos del ánimo de lucro. Según palabras del rector de la Universidad del Rosario –Hans Peter Knudsen-, sobre la reforma ha afirmado que “a pesar de que en Colombia, la norma dice que las instituciones que prestan el servicio de educación superior, tienen que ser ánimo de lucro, es cierto que la norma se cumple en el papel, pero no en la realidad. Hay instituciones que en su forma jurídica son sin ánimo de lucro, pero tienen unos fundadores, unos dueños, una familia que se lucra de esa actividad y eso no es transparente”[1]. Así, las declaraciones de éste Rector evidencian simplemente que la nueva Ley de Educación Superior es una reglamentación de lo que actualmente es el sistema educativo colombiano, es decir, una legalización de prácticas que son, de facto, ilegales e ilegítimas.
El ánimo de lucro en la Universidad está presente no sólo en lo que, según Knudsen, ganan los “dueños” de las Universidades. El ánimo de lucro está en las entidades que otorgan créditos educativos con tasas de interés antidemocráticas y ancladas en intereses exclusivos del sector financiero; en quienes prestan los servicios concesionados de lo que debería ser el bienestar universitario; en los mediadores de contratación de aseadoras o de servicio de vigilancia privada y otros servicios que, de ser prestados por la universidad directamente, además de mejorar las condiciones laborales de quienes son contratados, también reducirían costos que la propia comunidad estudiantil termina pagando con creces.
No obstante, lo nocivo de la nueva Ley de Educación Superior está no sólo en los temas en los que “no hubo consenso en la mesa de Unidad Nacional”, sino también en el hecho de que la concepción de educación que ésta consagra es la de “servicio público” y no la de “derecho fundamental”, lo que en la práctica conlleva a un deceso en los compromisos del Estado, en tanto éste simplemente debe velar por su prestación, excluyendo de tajo la posibilidad de gratuidad y no garantía al acceso, cobertura y calidad. Adicionalmente, la educación es concebida, en términos generales, como una herramienta para los sectores productivos nacionales y transnacionales, lo que es antagónico a un modelo que se piense realmente la solución de los problemas de fondo del país como la pobreza, la desigualdad, las precarias condiciones laborales, la antidemocrática distribución de la tierra y el conflicto social y armado, pues es claro que a los grandes empresarios y especuladores, a los cuales responde el Estado Colombiano, no les interesa en lo mas mínimo la solución de las problemáticas que ellos mismos generan.
La propuesta es contraria a los intereses de la comunidad universitaria al dejar a la deriva la forma en que las Universidades pueden contratar personal, al violar la soberanía empleando parámetros de calidad basados en modelos foráneos, lo cual direcciona enteramente al lucro e imposibilita la configuración de un sistema educativo acorde a la necesidad local. La propuesta de Ley en cuestión mantiene la permisividad en cuanto al aumento de los costos de las matrículas, pues fija el tope máximo de éste en la tasa de I.PC., no obstante, permite justificar incrementos superiores -sin ningún tope porcentual- por medio de balances financieros que presentan las Universidades aludiendo proyecciones en mejoras a la calidad. En ese mismo sentido, la nueva Ley no propone alternativa alguna para los altos intereses que pagan los estudiantes a las entidades crediticias como el ICETEX, Pichincha o Fincomercio, entre muchos otros.
Se consagra un sistema que está diseñado para el ánimo de lucro, porque es pensado desde los grandes grupos económicos. No tardará entonces el Gobierno Nacional en denunciar, en el corto tiempo, que la falta de garantía en cobertura y calidad del “servicio de educación superior” se debe a que no es armónica la legislación, porque falta el componente de ánimo de lucro, pues la propia ministra Campo señaló que “se llegó a la conclusión de que en estos momentos el componente de inversión privada con ánimo de lucro en el sector no debe incorporarse porque no están dadas las condiciones”[2] (negrilla fuera del texto). Lo anterior simplemente quiere decir que el gobierno de la “Unidad Nacional” va a trabajar por crear ese ambiente propicio para que el ánimo de lucro entre a “armonizar” sin generar oposición alguna, pues es enfática la Ministra y otros sectores del Gobierno en que éste punto central para resolver las falencias de la universidad en el país (¿qué pensarían de ello en Chile, donde el país entero se ha paralizado contra el ánimo de lucro?).
Bajo ese entendido, estudiantes de Universidades privadas y públicas de todo el país, venimos trabajando en escenarios de unidad como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), en donde hemos coincidido que el programa mínimo -en el que demandamos financiación estatal plena, defensa de la autonomía y democracia universitaria, calidad académica, bienestar universitario y respeto y garantías para las libertades democráticas- es imprescindible para comprender y solucionar nuestros problemas, dando lugar a las transformaciones necesarias para construir un país que se acomode a los sueños y necesidades de nuestro pueblo. Nuestro programa mínimo dista notablemente de la proposición del gobierno del presidente Santos. Por ello hemos decidido, desde ese escenario, ir a Paro Nacional Universitario para así impedir que se consagre la Nueva Ley de Educación Superior y para construir una Ley alternativa, emanada ésta desde las Comunidades Académicas, teniendo en cuenta el mandato estudiantil consagrado en el programa, donde la Universidad esté para servir a la sociedad y no a la gran empresa nacional y transnacional.
Con el ánimo de lucro implícito o explícito, la Comunidad Universitaria debe mantenerse crítica frente a la situación actual de la Universidad en el país. De igual manera, debe acompañar la movilización estudiantil y propender por la realización desde espacios de articulación las demandas particulares de cada Universidad y de cada Facultad. Desde el Movimiento de Estudiantes de Universidades Privadas –MEUP- y la Federación de Estudiantes Universitarios –FEU-Colombia- invitamos a la conformación de las Mesas Amplias por Facultades y por Universidades, así como a la participación de los escenarios del 3er Congreso Nacional de la Federación los días 15, 16 y 17 de Septiembre, espacio del que saldrán insumos de nuestras organizaciones para el debate frente a esa ley alternativa de educación superior y, al mismo tiempo, nutrir el Paro Nacional Universitario, al que le apostamos con procesos de todas las tendencias y de todos los orígenes del país, concibiendo la batalla por la defensa de la educación como un derecho transversal para estudiantes de universidades públicas y privadas, atada la construcción de una mejor Universidad a la construcción de un mejor País.
¡¡¡¡ESTE 7 DE SEPTIEMBRE TODXS A LAS CALLES A DEFENDER LA EDUCACIÓN COMO DERECHO!!!!
¡¡¡¡QUE VIVA LA UNIDAD ESTUDIANTIL!!!!
¡¡¡¡A CONSTRUIR LA EDUCACIÓN PARA LA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA!!!
¡¡¡¡A PREPARAR EL PARO NACIONAL UNIVERSITARIO!!!
¡¡¡¡A ORGANIZAR EL PARO CÍVICO NACIONAL!!!!
MOVIMIENTO DE ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS MEUP
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS FEU COLOMBIA
[1] Revista Crónica Jurídica, 2da ed. Mayo de 2011. P. 6
